Pedro Asensio

Esperanza Aguirre

Dimisión

Captura de pantalla 2017-04-26 a las 18.11.54No existiría corrupción política si todas las autoridades y cargos públicos, sin excepción, compartieran los mismos postulados éticos, es decir, una inequívoca idea del bien y del deber. Para espantar cualquier tentación y garantizar ese mundo ideal donde imperara el derecho natural, bastaría con que cada cual mantuviera a ultranza un comportamiento coherente con su propia concepción filosófica. Pero como sabemos que esta premisa general resulta utópica (y un tanto ingenua, sospecho), le pedimos –exigimos- a nuestro Estado de Derecho que funcionen las instituciones jurídicas, que se persiga al delincuente, que se le juzgue y, en última instancia, se le castigue de acuerdo con el Código Penal. Deseamos también que la sociedad no se muestre indiferente ante los actos ilícitos. Un país corrupto no es solo aquel que refleja una alta impunidad frente a los abusos y desmanes cometidos por las autoridades. Que la ciudadanía, por acción u omisión, acepte resignada un estatu quo putrefacto y perverso también constituye un síntoma de letal enfermedad. Por esto es tan importante que los medios de comunicación, ese denominado “cuarto poder”, denuncien y divulguen noticias que reflejen un veraz testimonio de los hechos delictivos protagonizados por nuestra clase política. Finalmente, me parece decisivo que en determinados y flagrantes casos,  quienes ostentan altos puestos jerárquicos en la Administración o en los partidos, aun sin ser sujetos del ilícito penal, dimitan. Porque abandonar una tarea pública asumiendo parte de responsabilidad por la designación de los equipos o cargos de confianza, implica exteriorizar un acto moral y ejemplarizante que se manifiesta como llamada de atención para el resto de la organización. El corrupto, ajeno a la ética del bien, ha de temer a la Justicia, a los medios de comunicación, a la sociedad y a su propia organización política. Que el fantasma de la impunidad nunca se salga con la suya.